Cómo se construye el resultado

El Gobierno declaró a Aerolíneas Argentinas 'sujeta a privatización' por el Decreto 873/2024 y el bloque LLA votó su inclusión entre las empresas privatizables de la Ley Bases en Diputados (abril 2024).

La Ley Bases sancionada en junio de 2024 excluyó a Aerolíneas de la lista de privatizables; el Ejecutivo la declaró luego sujeta a privatización por decreto, declaración que según la Ley 23.696 debe ser aprobada por el Congreso. El proyecto de privatización (Lombardi, PRO) obtuvo dictamen de mayoría en octubre de 2024 pero no llegó a votarse en el recinto; en enero de 2026 el Gobierno mantenía la intención sin plazo.

Unión por la Patria votó en bloque contra el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases que incluía a Aerolíneas (abril 2024), firmó dictamen de minoría en rechazo a la privatización (octubre 2024) y Kicillof afirmó que, si la Nación la vende, la Provincia de Buenos Aires 'la va a sostener'.

Los tres diputados de UxP que no votaron en contra (Gaillard, Mirabella y Snopek) estaban ausentes. En octubre de 2024 UxP y el FIT presentaron dictamen de minoría de rechazo a la privatización.

Posiciones divergentes: en abril de 2024 la mayoría de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal votó la lista de privatizables que incluía a Aerolíneas; en junio de 2024 el bloque de Pichetto rechazó reincorporarla y en octubre de 2024 Encuentro Federal propuso socios privados con control estatal.

En la votación del 30/04/2024 Hacemos Coalición Federal aportó 15 votos a favor del capítulo de privatizaciones (con Aerolíneas incluida) y 5 en contra; Innovación Federal votó a favor. Luego el bloque anunció que no acompañaría la reincorporación de Aerolíneas (junio 2024) y Encuentro Federal firmó en octubre de 2024 un dictamen propio de privatización parcial con control estatal (Massot). El gobernador Torres (Chubut) sostuvo que privatizarla 'sería imposible' por razones de conectividad. No hay una posición única del espacio frente al enunciado.

El PRO votó la inclusión de Aerolíneas entre las empresas privatizables de la Ley Bases (abril 2024) y su diputado Hernán Lombardi es autor del proyecto de privatización que obtuvo dictamen de mayoría con firmas del PRO en octubre de 2024.

En la votación del 30/04/2024 el PRO aportó 35 votos afirmativos al capítulo de privatizaciones; el único disidente fue Héctor Stefani. En junio de 2024 el PRO acompañó la intención del oficialismo de insistir con la privatización pese a la exclusión votada por el Senado.

El FIT votó en contra del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases (abril 2024), presentó un proyecto para anular el Decreto 873/2024 y firmó dictamen de minoría de rechazo a la privatización (octubre 2024).

La plataforma electoral 2023 de LLA propone eliminar las retenciones a las exportaciones; en el gobierno, Milei las redujo por decreto en 2025 y 2026 con un cronograma gradual y presenta la eliminación total como objetivo.

Los actos formales del Gobierno son reducciones graduales, no la eliminación: baja permanente anunciada en julio de 2025, retenciones cero transitorias en septiembre de 2025 y el Decreto 423/2026 con un cronograma a 2028 que no lleva a cero las alícuotas de soja, maíz, trigo ni girasol (sólo biodiésel). La eliminación total se presenta como objetivo condicionado al superávit fiscal y, para la soja, a partir de 2027. La frase 'vamos a ir a cero' de mayo de 2026 se refirió a los derechos de exportación de las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria, no a los granos.

Legisladores de Unión por la Patria criticaron la eliminación (transitoria) de retenciones de septiembre de 2025 como un 'manotazo de ahogado' de alto costo fiscal y pidieron interpelar al ministro Caputo; no se halló un acto formal del bloque sobre la eliminación.

Posición matizada y sin acto formal: las críticas de Itai Hagman y Eduardo Valdés (UxP) apuntan a la eliminación total y a su costo fiscal; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense admitió en marzo de 2025 que una baja 'alivia' a los productores y Kicillof, en marzo de 2026, dijo estar 'a la espera' de definiciones nacionales sin pedir eliminarlas ni mantenerlas. La plataforma 2023 de UxP no menciona las retenciones.

Pullaro, Llaryora y Schiaretti reclaman eliminar las retenciones de manera definitiva y la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó en mayo de 2026 un proyecto para reducirlas 25% por año hasta llegar a cero.

El proyecto de Scaglia (acompañado por Núñez, Gutiérrez, Basualdo, Torres y Zigarán) prevé una reducción anual del 25% de la alícuota base hasta cero en 2029 y deroga la facultad del Ejecutivo de fijar alícuotas por decreto; no tenía votación al cierre. Las declaraciones verificadas son de Pullaro, Llaryora y Schiaretti; no se hallaron declaraciones de Torres, Sadir, Valdés o Vidal, aunque tampoco disidencias.

Mauricio Macri celebró las bajas de retenciones y pidió terminar con ellas por tratarse de 'un impuesto injusto y destructivo' (enero 2025) y 'estúpido, que castiga al productor' (marzo 2026).

No se verificó un voto del bloque PRO ni un proyecto propio sobre eliminación total de retenciones; la plataforma registrada de Juntos por el Cambio 2023 no pudo leerse (PDF escaneado sin texto).

El FIT rechaza la eliminación de retenciones: Myriam Bregman calificó la medida de retenciones cero de septiembre de 2025 como 'Desesperados. Rifan todo' y la prensa partidaria la describe como una transferencia a 'las grandes patronales'; su programa 2025 propone nacionalizar el comercio exterior.

No se halló un voto nominal específico sobre retenciones ni una mención al término en el programa 2025; la codificación se apoya en la crítica de Bregman a la medida de retenciones cero y en la línea editorial del medio del PTS.

El RIGI fue creado por la Ley Bases enviada por el Ejecutivo y votada por LLA en Diputados y Senado (2024); en junio de 2026 el oficialismo logró en Diputados la media sanción del 'Súper RIGI', que amplía el régimen.

Unión por la Patria votó contra la creación del RIGI en Diputados y en el Senado (2024) y contra su ampliación ('Súper RIGI', junio 2026); Kicillof criticó el régimen por otorgar beneficios extraordinarios sin interés en el desarrollo.

La codificación surge de la oposición formal al régimen en todas las votaciones; no se halló un proyecto de ley de derogación del RIGI presentado por el bloque. Hubo disidencias menores en 2024: tres senadores (Andrada, Mendoza, Moisés) y seis diputados de Catamarca y San Juan votaron a favor del RIGI. La provincia de Buenos Aires no adhirió al régimen y aprobó un régimen de inversiones propio.

Los gobernadores de Provincias Unidas adhirieron sus provincias al RIGI por ley (Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz), lo que supone sostener el régimen, aunque en junio de 2026 el bloque rechazó la ampliación 'Súper RIGI'.

Los actos formales son leyes provinciales de adhesión impulsadas por los gobernadores (Llaryora, Pullaro, Torres, Sadir, Valdés, Vidal), no votos nacionales. A nivel nacional el espacio no fue homogéneo: en abril de 2024 la mayoría de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal votó el RIGI pero Stolbizer y otros lo rechazaron, y en junio de 2026 Provincias Unidas votó contra el 'Súper RIGI' (una ampliación), lo que no equivale a proponer eliminar el régimen vigente.

El PRO votó la creación del RIGI en ambas cámaras (2024) y acompañó la ampliación 'Súper RIGI' en Diputados (junio 2026).

En el Senado (13/06/2024) el RIGI se aprobó 38 a 32 con los votos de LLA, PRO, la UCR (salvo Lousteau), bloques provinciales y tres senadores de UxP.

El FIT votó contra la Ley Bases que creó el RIGI (2024) y contra el 'Súper RIGI' (2026); su programa electoral 2025 dice 'No al RIGI'.

El programa citado es el publicado por el Partido Obrero para la campaña bonaerense de 2025 del FIT-U; la plataforma registrada ante la CNE en 2023 no pudo leerse (PDF escaneado).

El Gobierno redujo la planta del Estado nacional (casi 36 mil bajas en su primer año) y por decretos del 31/12/2024 prohibió el ingreso de personal y condicionó la renovación de contratos; la plataforma 2023 de LLA ya preveía el 'achicamiento del estado'.

Según Chequeado, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se produjeron 35.934 bajas en el Estado nacional; el ministro Sturzenegger anunció que 'cualquier alta de personal en el Estado sólo será posible si por cada una el área hubiera verificado 3 bajas previas'. Los números de los dos decretos del 31/12/2024 no pudieron confirmarse en el Boletín Oficial (sitio inaccesible).

Unión por la Patria votó en ambas cámaras (agosto 2025) el rechazo de los decretos delegados que disolvieron Vialidad Nacional y reestructuraron INTA e INTI, y presentó un proyecto para proteger de despidos a los contratados del Estado (noviembre 2025).

No existe una votación sobre la dotación del Estado nacional en general; se toma como acto formal el rechazo de los decretos 461/25 (Vialidad Nacional) y 462/25 (INTA, INTI y otros organismos), que implicaban cierres y despidos: en el Senado el rechazo fue 60 a 10 y ningún senador de UxP votó por mantenerlos; en Diputados UxP votó el rechazo (141 a 65). El proyecto de Eduardo Valdés (UxP) limita las contrataciones temporarias y da indemnización a contratados con más de cuatro años.

No se halló una posición verificable del espacio sobre reducir la cantidad de empleados del Estado nacional.

Dato de contexto, no codificable como posición: en agosto de 2025 sólo 10 senadores votaron por mantener los decretos que disolvieron Vialidad Nacional y reestructuraron INTA/INTI, de modo que los senadores afines a los gobernadores de PU acompañaron el rechazo; pero esa votación refiere a organismos específicos y no a la planta estatal en general. No se verificaron declaraciones de Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir, Valdés, Vidal o Schiaretti a favor o en contra de reducir la dotación nacional; la plataforma 2023 de Hacemos por Nuestro País no pudo leerse (PDF escaneado).

El PRO acompañó la reforma del Estado y las facultades delegadas de la Ley Bases (2024) y sus diputados ratificaron en agosto de 2025 los decretos que disolvieron Vialidad Nacional y reestructuraron INTA/INTI, pero la mayoría de sus senadores votó el rechazo de esos mismos decretos.

La frase de Cristian Ritondo (jefe del bloque PRO en Diputados) corresponde al debate del 6-7/08/2025 en que el PRO defendió los decretos de disolución de organismos. En el Senado (21/08/2025) sólo dos senadores del PRO (Álvarez Rivero y Goerling Lara) votaron por mantenerlos; los demás integrantes del bloque no acompañaron al Gobierno. No se verificaron declaraciones recientes de Macri específicamente sobre la cantidad de empleados públicos nacionales.

El programa electoral 2025 del FIT-U plantea la 'Prohibición de despidos y suspensiones' y el bloque votó en contra de la Ley Bases (2024), que habilitó la reorganización y disolución de organismos del Estado nacional.

El punto programático es general (todos los despidos, públicos y privados), no específico del Estado nacional. No se pudo verificar con fuente abierta el voto nominal del FIT en el rechazo de los decretos de Vialidad e INTA/INTI de agosto de 2025.

El proyecto de Ley Bases del Ejecutivo incluyó a Radio y Televisión Argentina (RTA) entre las empresas a privatizar y LLA lo votó en Diputados (abril 2024); el Senado la excluyó en junio de 2024 y el oficialismo anunció que insistiría con la privatización.

El capítulo de privatizaciones votado en Diputados el 30/04/2024 (138 a 111) incluía a RTA entre las empresas de privatización total; el Senado quitó a Aerolíneas, Correo y RTA el 12-13/06/2024 y la ley sancionada no las incluye. No se verificaron actos formales posteriores (2025-2026) sobre RTA.

Unión por la Patria votó en bloque contra el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases, que incluía a Radio y Televisión Argentina (abril 2024).

La votación del Título II (artículos 7 a 23) abarcó en un solo acto a todas las empresas listadas, incluida RTA. En el Senado los 33 senadores de UxP votaron en contra del título de privatizaciones.

En abril de 2024 la mayoría de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal votó la lista de privatizables que incluía a RTA, mientras cinco diputados del bloque la rechazaron; en junio de 2024 el bloque de Pichetto anunció que no acompañaría la reincorporación de RTA a la lista.

El voto del 30/04/2024 fue sobre el capítulo completo de privatizaciones (no específico de RTA): 15 diputados de HCF a favor, 5 en contra (De la Sota, Fein, Paulón, Randazzo, Stolbizer) e Innovación Federal a favor. El cambio de postura de junio de 2024 fue anunciado por el bloque, sin votación. No se hallaron declaraciones de los gobernadores de PU sobre la TV Pública o Radio Nacional.

El PRO votó el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases que incluía a Radio y Televisión Argentina (abril 2024) y acompañó al oficialismo en la intención de insistir tras la exclusión votada por el Senado.

Único disidente del PRO en esa votación: Héctor Stefani. No se verificaron declaraciones recientes de Macri específicas sobre la TV Pública o Radio Nacional.

Los cinco diputados del FIT votaron en contra del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases que incluía a Radio y Televisión Argentina (abril 2024).

El DNU 70/2023 del Ejecutivo derogó la Ley de Alquileres 27.551 y desreguló los contratos; los senadores de LLA votaron por sostener el DNU cuando el Senado lo rechazó (marzo 2024).

La proposición pide 'volver a' regular lo que el propio oficialismo derogó; se codifica su posición contraria al enunciado. El DNU sigue vigente porque Diputados no lo trató. La plataforma 2023 de LLA sólo decía 'Promover el tratamiento de la ley de alquileres en todo el territorio nacional', sin precisar el sentido.

Los 33 senadores de Unión por la Patria votaron el rechazo del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres, y en agosto de 2026 diputados de UxP presentaron proyectos para fijar un plazo mínimo legal y crear un índice de actualización de las locaciones.

El voto del Senado (14/03/2024) fue sobre el DNU 70/2023 en su conjunto, no sólo sobre el capítulo de alquileres. Los proyectos de agosto de 2026 forman parte de un paquete de diez iniciativas del bloque sobre locaciones habitacionales y no tenían votación al cierre.

No se hallaron declaraciones de los gobernadores ni proyectos o votos del espacio sobre volver a regular por ley los contratos de alquiler.

Dato de contexto, no codificable: en la votación del DNU 70/2023 en su conjunto (14/03/2024), senadores hoy cercanos a gobernadores de PU se dividieron (Terenzi, Carambia y Gadano por el rechazo; Alejandra Vigo abstención; Eduardo Galaretto a favor del DNU). Esa votación no fue específica sobre alquileres.

Los seis senadores del PRO votaron por sostener el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres y desreguló plazos y actualización de precios (marzo 2024).

El voto fue sobre el DNU 70/2023 en su conjunto; no se verificó una votación ni un proyecto posterior del PRO específicos sobre alquileres, ni declaraciones recientes de Macri al respecto.

El programa electoral 2025 del FIT-U propone la 'Actualización de alquileres según índice de evolución salarial', es decir, fijar por ley la forma de actualizar el precio de los contratos.

El programa citado es el publicado por el Partido Obrero para la campaña bonaerense de 2025 del FIT-U. No se verificó un voto nominal del FIT sobre alquileres: el bloque no tiene senadores y el DNU 70/2023 no fue tratado en Diputados. Hay proyectos de vivienda de diputados del FIT (p. ej. 3808-D-2026, emergencia en el acceso a la vivienda) cuyo texto no se pudo abrir.

El Ejecutivo incluyó el fondo de cese laboral en la Ley Bases y el bloque LLA lo votó a favor en Diputados (30/04/2024) y en el Senado (13/06/2024); quedó en la Ley 27.742.

El fondo de cese fue un capítulo propio (Título V, Capítulo III) del proyecto enviado por el Ejecutivo; la votación en particular en Diputados fue separada del resto de la ley. Las actas nominales de votaciones.hcdn.gob.ar no pudieron abrirse desde este entorno.

Unión por la Patria votó en contra del capítulo laboral de la Ley Bases, incluido el fondo de cese, en Diputados y en el Senado; sus legisladores sostuvieron que facilita los despidos.

En Diputados el capítulo Fondo de Cese se rechazó con 113 votos, que incluyeron a Unión por la Patria y al FIT; en el Senado el interbloque peronista votó en contra de la ley en general y del título laboral.

Los bloques Hacemos Coalición Federal (Pichetto, Schiaretti) e Innovación Federal votaron a favor del capítulo laboral de la Ley Bases con el fondo de cese; los senadores de los bloques provinciales también acompañaron la ley.

Votaron en contra de la ley Natalia de la Sota (Córdoba) y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, hoy integrantes del bloque Provincias Unidas; la mayoría de los legisladores que responden a los gobernadores del espacio acompañó el capítulo laboral.

El bloque PRO votó a favor del capítulo laboral de la Ley Bases, incluido el fondo de cese, en Diputados (abril y junio de 2024) y en el Senado.

El FIT-U votó en contra del capítulo laboral de la Ley Bases y sus diputados sostuvieron que el fondo de cese facilita los despidos.

El DNU 70/2023 (art. 73) condicionó toda retención de cuotas o contribuciones sindicales al consentimiento explícito del trabajador, lo que elimina la obligatoriedad de la cuota solidaria; Sturzenegger la llama peaje sindical.

El capítulo laboral del DNU fue suspendido judicialmente (Cámara Nacional del Trabajo, enero de 2024; Juzgado Federal de Azul, marzo de 2024) y el Senado rechazó el decreto el 14/03/2024. El proyecto de modernización laboral enviado en diciembre de 2025 dejó afuera la eliminación de la cuota solidaria (La Nación, 11/12/2025) y la Ley 27.802 (febrero de 2026), negociada con la CGT, la mantuvo con un tope del 2% de las remuneraciones en lugar de eliminarla. Se codifica la posición formal más explícita (el DNU) porque el Gobierno no la desautorizó: aceptó el tope como transacción.

Los 33 senadores de Unión por la Patria votaron por rechazar el DNU 70/2023, que exigía consentimiento del trabajador para la cuota solidaria, y Fuerza Patria votó en contra de la Ley 27.802 que la limitó.

Ambas votaciones fueron sobre normas completas (el DNU y la ley de modernización laboral), no sobre la cuota solidaria en forma aislada; no se halló en este relevamiento una declaración específica de referentes nacionales del espacio sobre la cuota, aunque el bloque incluye a dirigentes sindicales (Palazzo, Yasky, Recalde) que defendieron el financiamiento sindical en los debates.

No se halló una posición del espacio sobre la cuota solidaria en particular: sus legisladores se dividieron ante el DNU 70/2023 y ante la Ley 27.802, que no la eliminó sino que la topeó, y no se encontraron declaraciones de los gobernadores sobre el punto.

En el Senado (14/03/2024) Espínola y Kueider votaron por rechazar el DNU, Vigo se abstuvo y los radicales que responden a Pullaro, Valdés y Sadir lo ratificaron. En 2026 los dos senadores de Provincias Unidas votaron a favor de la Ley 27.802 (que mantuvo la cuota con tope del 2%) y el bloque en Diputados se dividió. Ninguno de esos votos versó específicamente sobre eliminar la cuota solidaria.

Los senadores del PRO votaron mayoritariamente por ratificar el DNU 70/2023, que exigía consentimiento del trabajador para toda retención sindical, y el bloque votó en 2026 la Ley 27.802 que topeó la cuota solidaria.

Son votos sobre normas completas (el DNU en 2024 y la ley de modernización laboral en 2026), no sobre la cuota solidaria en forma aislada; no se halló una declaración de Mauricio Macri o de la conducción partidaria específica sobre el punto. La Ley 27.802 no eliminó la cuota: la limitó al 2% de las remuneraciones.

No se halló una declaración de referentes del FIT-U específicamente sobre la cuota solidaria; el bloque votó en contra de la Ley 27.802 en su conjunto, pero esa ley no la eliminó sino que la limitó, y el DNU 70/2023 nunca se votó en Diputados.

Se buscó sin éxito en Parlamentario.com, La Izquierda Diario y Prensa Obrera una toma de posición del FIT sobre la cuota solidaria de los no afiliados; el voto en contra de la reforma laboral de 2026 no permite inferirla porque esa ley mantuvo la cuota con tope del 2%.

El Gobierno dejó vencer la moratoria el 23/03/2025, el bloque LLA votó en contra de su restitución en Diputados (04/06/2025) y el Presidente vetó la ley que la prorrogaba por dos años (agosto de 2025).

El Senado sancionó la prórroga el 10/07/2025 (39 a 14) y el veto nunca fue tratado en el recinto para su insistencia. En el debate de Diputados LLA propuso en cambio una comisión de reforma previsional integral.

Unión por la Patria presentó varios proyectos de prórroga, impulsó la restitución de la moratoria por dos años y la votó a favor en Diputados (94 de 98) y en el Senado.

La ley sancionada fue vetada y la insistencia no llegó a votarse. Unión por la Patria había pedido una sesión especial para tratar la moratoria el 19/03/2025, que fracasó por falta de quórum.

El espacio votó dividido la restitución de la moratoria en Diputados: Encuentro Federal se partió (tres a favor, cinco en contra, cuatro abstenciones), los radicales votaron en contra y las salteñas de Innovación Federal a favor.

A favor votaron Natalia de la Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal) y las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega (Innovación Federal); se abstuvieron Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres; otros cinco de Encuentro Federal y 13 radicales votaron en contra. Encuentro Federal y la UCR impulsaban como alternativa una prestación proporcional a los años aportados. No se hallaron declaraciones de los gobernadores del espacio sobre restablecer la moratoria.

El bloque PRO votó en contra de restituir la moratoria previsional en Diputados (32 votos) y propuso en cambio una pensión proporcional a los años de aportes.

El FIT-U presentó un proyecto de prórroga por dos años (Del Caño y Biasi) y sus cinco diputados votaron a favor de restituir la moratoria.

El Presidente vetó las dos leyes de aumento jubilatorio (septiembre de 2024 y agosto de 2025) invocando el equilibrio fiscal, y el bloque LLA votó en contra de ambas y de las insistencias.

La ley de 2024 (recomposición del 8,1% y nueva fórmula) se vetó el 02/09/2024 y la insistencia fracasó el 11/09/2024 (153 a 87, sin los dos tercios). La de 2025 (7,2% y bono de $110.000) se vetó el 02/08/2025 y la insistencia fracasó el 20/08/2025 (160 a 83, faltaron seis votos). En el Senado el 10/07/2025 la ley se aprobó 52 a 0 con 4 abstenciones.

Unión por la Patria votó a favor de los aumentos jubilatorios de 2024 y 2025 en ambas cámaras y de las insistencias contra los vetos.

En junio de 2024 el dictamen propio de Unión por la Patria fue rechazado (99 a 135) y el bloque votó luego el dictamen consensuado con los bloques dialoguistas.

Hacemos Coalición Federal/Encuentro Federal votó los aumentos de 2024 y 2025 y sostuvo las insistencias; Innovación Federal acompañó la ley de 2024 pero se abstuvo en las insistencias, y la UCR votó dividida en 2025.

Ricardo López Murphy (entonces en Hacemos Coalición Federal) votó en contra en 2024. En el Senado los bloques provinciales (Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz) votaron la ley de 2024 (61 a 8). Las abstenciones de Innovación Federal corresponden a diputados de Misiones y Salta, cuyos gobernadores no integran Provincias Unidas.

El bloque PRO de Diputados votó en contra de los aumentos de 2024 y 2025 y sostuvo los dos vetos; Mauricio Macri respaldó el veto de 2024 y el partido fijó que no avala más gasto previsional sin financiamiento.

Los senadores del PRO votaron en general a favor de la ley de 2024 (salvo Carmen Álvarez Rivero) y en 2025 el Senado aprobó la ley 52 a 0 con 4 abstenciones; Macri criticó públicamente a sus senadores por contradecir a los diputados del partido.

El FIT-U votó a favor del aumento del 7,2% y bono en 2025 y rechazó los vetos de 2024 y 2025; en junio de 2024 se abstuvo en el dictamen consensuado por considerarlo insuficiente, tras apoyar el de Unión por la Patria.

La abstención de junio de 2024 fue sobre el dictamen de los bloques dialoguistas (recomposición del 8,1%); el FIT reclama aumentos mayores y votó luego por sostener la ley frente al veto.

El Ejecutivo envió en el paquete fiscal la restitución del impuesto a las Ganancias para los sueldos altos y los 38 diputados de LLA la votaron a favor (junio de 2024).

Cambio de posición: en septiembre de 2023 Milei, entonces diputado, votó a favor de la eliminación del impuesto impulsada por Massa (bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos); ya como Presidente envió y logró aprobar su restitución (Ley 27.743, Título V). Se codifica la posición más reciente.

El Frente de Todos sancionó en 2023 la ley de Massa que eliminó el impuesto para los asalariados y Unión por la Patria votó en 2024 en contra de restituirlo (95 votos en contra).

Tres diputados de Unión por la Patria que responden al gobernador catamarqueño Raúl Jalil (Nóblega, Ávila y López Rodríguez) votaron a favor de la restitución en junio de 2024.

Hacemos Coalición Federal (12), Innovación Federal (7) y la mayoría de la UCR votaron en 2024 a favor de restituir Ganancias a los sueldos altos; en 2023 los legisladores cordobeses y chubutenses del espacio habían rechazado su eliminación.

Los socialistas santafesinos (Hacemos, 4 votos) y los radicales de Manes y Lousteau votaron en contra de la restitución; Martín Tetaz la calificó de estafa electoral. En 2023 Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y la senadora Alejandra Vigo votaron contra la eliminación por la pérdida de recursos coparticipables. No se abrió una fuente con declaraciones de los gobernadores pidiendo la restitución.

El PRO votó en 2023 contra la eliminación del impuesto (Juntos por el Cambio, 100 votos en contra) y en 2024 a favor de restituirlo para los sueldos altos (35 votos a favor).

La diputada chubutense Ana Clara Romero (PRO, cercana al gobernador Torres) votó en contra de la restitución en junio de 2024.

El FIT-U sostiene que el salario no es ganancia: votó en 2023 a favor de eliminar el impuesto para los trabajadores y en 2024 en contra de restituirlo (5 votos en contra).

La reforma laboral enviada por el Ejecutivo y sancionada como Ley 27.802 mantuvo el máximo legal de 48 horas semanales e incorporó el banco de horas para compensar horas extra; el Gobierno no impulsó ninguna reducción de la jornada.

No hubo votación en el recinto sobre un proyecto de 40 horas: la codificación surge del acto formal del Ejecutivo (proyecto enviado el 11/12/2025 y ley sancionada el 27/02/2026) que conservó las 48 horas y flexibilizó la distribución del tiempo de trabajo, en sentido contrario al enunciado. En octubre de 2025 Adorni, Francos y Sturzenegger negaron que el proyecto extendiera la jornada a 12 horas.

Unión por la Patria/Fuerza Patria presentó varios proyectos para reducir la jornada (Yasky, 40 horas; Kelly Olmos, reducción progresiva de 48 a 40 horas) y la propuso como alternativa a la reforma laboral de 2026, sin que llegaran al recinto.

La Comisión de Legislación del Trabajo debatió los proyectos en 2023 y 2024 (incluida la exposición favorable de la entonces ministra de Trabajo Kelly Olmos, 26/09/2023) sin llegar a dictaminar. Algunos proyectos del espacio proponen reducciones mayores (36 o 30 horas). No se verificó si la plataforma electoral de Fuerza Patria 2025 incluye el punto.

No hay posición del espacio sobre las 40 horas: sus legisladores se dividieron ante la Ley 27.802, que mantuvo las 48 horas y creó el banco de horas (los dos senadores de Provincias Unidas a favor; en Diputados 6 de 18 a favor y el resto en contra o ausente).

La división registrada es sobre la reforma laboral de 2026 en su conjunto, no sobre un proyecto de 40 horas. En la comisión de Diputados (2024) el radical Martín Tetaz, que no integra Provincias Unidas, propuso una jornada alternativa optativa en lugar de una reducción legal; no se hallaron declaraciones de los gobernadores del espacio sobre el enunciado.

El PRO votó en ambas cámaras la Ley 27.802, que mantuvo el máximo de 48 horas semanales e incorporó el banco de horas, y no acompañó ninguno de los proyectos de reducción de la jornada.

No hubo votación sobre un proyecto de 40 horas; se codifica por el voto a la reforma laboral de 2026, que fue en sentido contrario al enunciado. No se halló una declaración de Mauricio Macri o de la conducción del PRO específicamente sobre la reducción de la jornada.

El FIT-U propone una reducción mayor que la del enunciado: el proyecto de Nicolás del Caño fija 6 horas diarias y 30 semanales sin rebaja salarial, y Bregman lo sostuvo como propuesta central de campaña en 2023.

Se codifica a favor porque una jornada legal de 30 horas supone también reducirla por debajo de las 48 actuales; el proyecto nunca llegó al recinto. No se abrió la plataforma electoral registrada del FIT-U, que podría elevar la base a plataforma.

Vetó la ley de financiamiento universitario en 2024 y en 2025 (Decreto 647/2025); su bloque votó por sostener el veto en Diputados y en el Senado, y en diciembre de 2025 votó derogar la ley 27.795 mediante el art. 75 del Presupuesto 2026.

La ley 27.795 (sancionada el 21/8/2025) actualiza las partidas universitarias por IPC (arts. 3 y 4). El veto fue rechazado por Diputados el 17/9/2025 (174-67-2) y por el Senado el 2/10/2025 (58 a 7). El Decreto 759/2025 la promulgó pero condicionó su ejecución al art. 5 de la ley 24.629 (identificación de fondos). En 2024 un proyecto similar fue vetado y la insistencia fracasó en Diputados el 9/10/2024 con los 39 votos de LLA. El art. 75 del Presupuesto 2026, que derogaba la ley, fue rechazado 123 a 117 el 18/12/2025 y el Gobierno no insistió en el Senado.

El bloque Unión por la Patria/Fuerza Patria votó en pleno por insistir con la ley en 2024 y 2025, aportó la mayor parte de los votos que rechazaron el veto en ambas cámaras y votó contra la derogación de la ley en el Presupuesto 2026.

En octubre de 2024 el bloque aportó 98 votos a la insistencia que no alcanzó los dos tercios; en septiembre y octubre de 2025 votó íntegramente por rechazar el veto (la cita de Ámbito es del senador Guillermo Andrada, UxP; la de La Nación, de Juan Grabois).

Los bloques Encuentro Federal e Innovación Federal votaron por rechazar el veto en septiembre de 2025, los senadores de bloques provinciales acompañaron en octubre, y el bloque Provincias Unidas (14 diputados) votó contra la derogación de la ley en el Presupuesto 2026.

En octubre de 2024 Hacemos Coalición Federal votó por la insistencia (13 de 16) mientras los diputados de Innovación Federal por Misiones se abstuvieron; en 2025 todos los bloques que la consigna asigna a este espacio votaron por la ley. La cita de Perfil corresponde a Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). En la votación del art. 75 del Presupuesto 2026 (18/12/2025), Infobae consigna 14 votos de Provincias Unidas contra la derogación.

La mayoría del bloque PRO votó por sostener el veto en Diputados en 2024 (33 de 35) y en 2025 (21 en contra de la ley, 6 a favor, 2 abstenciones) y en diciembre de 2025 votó derogar la ley en el Presupuesto 2026; en el Senado, en cambio, 3 de sus 6 senadores votaron por rechazar el veto.

Voto dividido con libertad de acción en 2025: a favor de la ley Baldassi, Brambilla, Figueroa Casas, Álvaro González, Lospennato y Romero; abstención de López Murphy y Vidal; los 21 restantes (Ritondo, Santilli, Iglesias, Milman, Laspina, entre otros) sostuvieron el veto. En 2024 sólo González y Baldassi votaron por la ley. En el Senado (2/10/2025) Cristina, Juez y Tagliaferri votaron contra el veto, Álvarez Rivero a favor, y Goerling y Huala se abstuvieron. Se codifica la posición mayoritaria del bloque.

El bloque FIT-U votó por insistir con la ley en 2024 (5 votos), por rechazar el veto en 2025 y contra la derogación de la ley en el Presupuesto 2026.

Vetó la ley 27.793 (Decreto 534/2025), su bloque votó por sostener el veto en ambas cámaras, luego promulgó la ley con la ejecución suspendida (Decreto 681/2025) y en diciembre de 2025 propuso derogarla en el Presupuesto 2026.

La ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31/12/2026, dispone la actualización de aranceles de los prestadores y crea pensiones no contributivas. El veto (publicado el 4/8/2025) fue rechazado por Diputados el 20/8/2025 (172-73-2; LLA aportó 37 votos por el veto) y por el Senado el 4/9/2025 (63-7; los 7 votos por el veto fueron de LLA, Paoltroni y la senadora PRO Álvarez Rivero). El Decreto 681/2025 la promulgó pero remitió al Congreso la asignación de partidas. El art. 75 del Presupuesto 2026, que derogaba la ley, fue rechazado 123-117 el 18/12/2025.

Unión por la Patria votó en bloque por rechazar el veto en Diputados (116 votos) y en el Senado, y en diciembre de 2025 votó contra la derogación de la ley en el Presupuesto 2026.

La cita del Senado corresponde a José Mayans, jefe del bloque UxP; la de La Nación, a Juan Grabois.

Encuentro Federal (12 votos) e Innovación Federal (9) votaron por rechazar el veto en Diputados, los senadores de bloques provinciales acompañaron en el Senado, y Provincias Unidas votó contra la derogación de la ley en el Presupuesto 2026.

Ámbito consigna que los 8 integrantes de Innovación Federal presentes votaron contra el veto. En la votación del art. 75 del Presupuesto 2026 (18/12/2025), Infobae registra 14 votos de Provincias Unidas contra la derogación; un diputado de Innovación Federal votó por derogar.

La mayoría del bloque PRO en Diputados votó por sostener el veto (25 contra 5, con 2 abstenciones) y en diciembre de 2025 votó derogar la ley en el Presupuesto 2026; sus senadores, salvo Carmen Álvarez Rivero, votaron por rechazar el veto.

En Diputados (20/8/2025) votaron por la ley Bachey, Baldassi, Brambilla, Álvaro González y Romero; se abstuvieron Besana y Vidal; Lospennato y Figueroa Casas estuvieron ausentes (Letra P describe ausencias de diputados cercanos a Macri que facilitaron el quórum de dos tercios, sin cita del expresidente). En el Senado (4/9/2025) Tagliaferri, Juez, Huala, De Angeli y Cristina votaron contra el veto. Se codifica la posición mayoritaria del bloque, que en diciembre de 2025 volvió a votar contra la ley (art. 75 del Presupuesto).

El FIT-U votó por rechazar el veto (4 votos) el 20/8/2025 y contra la derogación de la ley en el Presupuesto 2026.

El DNU 366/2025 modificó la Ley de Migraciones para que la atención médica no urgente a extranjeros sin residencia permanente se cobre o se cubra con seguro, y habilitó aranceles universitarios para ese grupo; en agosto de 2026 el Ministerio de Salud reglamentó el cobro en hospitales nacionales.

El DNU fue firmado el 28/5/2025 y publicado el 29/5/2025. No se encontró votación del DNU en el recinto de ninguna cámara. La reglamentación de agosto de 2026 (procedimiento operativo del Ministerio de Salud) alcanza sólo a los establecimientos administrados por el Estado nacional.

Los gobiernos de Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) anunciaron que seguirían atendiendo gratis a los extranjeros y rechazaron la medida nacional; el ministro bonaerense Nicolás Kreplak la calificó de 'bluf' al reglamentarse en 2026.

Sin votación en el recinto sobre el DNU 366/2025. La posición surge de los gobiernos provinciales del espacio (ministros de Salud de Buenos Aires y La Rioja); no se halló una declaración directa de Kicillof, Cristina Fernández, Massa o Grabois sobre el cobro.

Jujuy (Sadir, ley 6.116), Chubut (Torres, ley sancionada en noviembre de 2024) y Santa Cruz (Vidal, resolución 501/2024) cobran la atención a extranjeros no residentes, mientras que los gobiernos de Santa Fe (Pullaro) y Córdoba (Llaryora) declararon que no cobrarán a los pacientes.

Las citas de Santa Fe y Córdoba corresponden a la ministra Silvia Ciancio y al secretario Carlos Giordana, respectivamente. Córdoba factura a obras sociales o gobiernos (ley de recupero), no al paciente. Corrientes sólo tiene proyectos presentados. No se halló posición de los legisladores del espacio sobre el DNU 366/2025 ni sobre el arancel universitario. Se codifica dividido por la disparidad entre los gobernadores del espacio.

El gobierno porteño de Jorge Macri cobra desde marzo de 2025 la atención a extranjeros sin DNI en los hospitales de la Ciudad (resolución del Ministerio de Salud) y legisladores del PRO bonaerense presentaron en 2026, junto con LLA, un proyecto para arancelar salud y universidad a extranjeros sin residencia permanente.

No hubo voto del bloque PRO nacional sobre el DNU 366/2025 ni se halló una declaración reciente de Mauricio Macri. Se codifica por el acto formal del gobierno porteño del PRO (resolución ministerial, no decreto) y por el proyecto de sus legisladores bonaerenses (Gay, Adorni, Bondarenko, Retamoso).

Los diputados del FIT-U (Biasi, Ripoll, del Caño, Castillo y Vilca) presentaron en junio de 2025 un proyecto de ley para anular el DNU 366/2025, cuestionando expresamente el cobro de salud y el arancel universitario a migrantes.

El sitio del Partido Obrero consigna el expediente 2943-D-2025 (Biasi) y el PDF de la HCDN el 3176-D-2025 con las firmas del bloque; se trata de la misma iniciativa de anulación.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de Régimen Penal Juvenil con edad de punibilidad de 14 años; el bloque LLA lo votó por unanimidad en Diputados (12/2/2026) y en el Senado (27/2/2026), y el Gobierno promulgó la Ley 27.801 (Decreto 138/2026).

El proyecto fue anunciado por Bullrich y Cúneo Libarona en junio de 2024, obtuvo dictamen de mayoría el 11/2/2026, media sanción por 149 a 100 el 12/2/2026 y sanción definitiva el 27/2/2026; promulgado como Ley 27.801 el 9/3/2026.

El bloque Unión por la Patria/Fuerza Patria votó mayoritariamente en contra en Diputados y en bloque en contra en el Senado, y presentó un dictamen de minoría que mantenía la edad en 16 años.

En Diputados el bloque votó en contra en general; un sector minoritario del Frente Renovador (Massa) acompañó en particular el artículo que fija la edad en 14 años, invocando su proyecto de 2015. En el Senado el bloque votó en contra sin excepciones. Se codifica la posición mayoritaria del bloque.

El bloque Provincias Unidas votó mayoritariamente a favor de la media sanción en Diputados (12/2/2026), con algunas disidencias; un sector del bloque firmó el dictamen de mayoría.

La diputada Gisela Scaglia (PU) acompañó pero advirtió que la ley traslada la responsabilidad de implementación a los gobernadores sin financiamiento suficiente. No se relevó la votación individual de los senadores del espacio.

El bloque PRO votó por unanimidad a favor en Diputados y sus senadores acompañaron la sanción definitiva en el Senado.

La cita del Senado corresponde a Martín Goërling, titular del bloque PRO. PRO había firmado el dictamen de mayoría el 11/2/2026 dentro del interbloque con UCR y MID.

El bloque FIT-U votó en contra en Diputados y sus referentes rechazaron la baja de la edad desde el debate en comisiones.

La cita de La Capital corresponde a Myriam Bregman en el recinto. El FIT-U no tiene senadores.

El Gobierno dictó el Decreto 1112/2024, que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar ante agresiones de organizaciones transnacionales con independencia del lugar, envió al Congreso el proyecto 0013-PE-2024 para que actúen en seguridad interior ante hechos de terrorismo y desplegó militares con facultad de aprehensión en flagrancia en la frontera norte (Operativo Roca).

El proyecto 0013-PE-2024 (firmado por Milei, Francos, Bullrich y Petri) sigue en comisiones sin dictamen. El Operativo Roca se dispuso por Resoluciones 347/2025 y 727/2025 del Ministerio de Defensa, con base en el Decreto 1112/2024. No hubo votación en el recinto.

Kicillof rechazó la intervención de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y el bloque UxP se opuso al proyecto en comisiones; diputados del espacio criticaron el Decreto 1112/2024.

La cita de Ámbito corresponde al diputado Eduardo Toniolli (UxP, Santa Fe). No hubo votación en el recinto sobre el proyecto 0013-PE-2024 ni sobre la derogación del Decreto 1112/2024.

Los gobernadores Pullaro y Llaryora pidieron en marzo de 2024 la intervención del Ejército contra el narcotráfico en Rosario y respaldaron la reforma de la Ley de Seguridad Interior; Schiaretti sostiene que las Fuerzas Armadas deben participar en el control de la frontera.

Espacio heterogéneo: Infobae (12/3/2024) consigna que Llaryora pidió la intervención activa del Ejército y comprometió apoyo legislativo al cambio de la Ley de Seguridad Interior. En cambio, los diputados socialistas de Encuentro Federal Esteban Paulón y Mónica Fein (Santa Fe) presentaron un pedido de derogación del Decreto 1112/2024 (cita de Paulón en Ámbito). Se codifica la posición de los gobernadores que definen el espacio; sin votación en el recinto.

El bloque PRO, a través de su presidente Cristian Ritondo, presentó en marzo de 2024 un paquete contra el narcotráfico que incluye una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra bandas narcoterroristas.

Antecedente: como presidente, Macri dictó el Decreto 683/2018 que amplió el rol de las Fuerzas Armadas frente a agresiones externas (derogado en 2020). No se halló una declaración de Macri posterior a 2023 ni una votación del bloque sobre el proyecto del Ejecutivo 0013-PE-2024.

La diputada Vanina Biasi (FIT-U) presentó un proyecto para anular los decretos 1107 y 1112 de 2024 que habilitan a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

El proyecto de anulación no llegó a votarse en el recinto.

Por los Decretos 397/2025 y 409/2025 el Gobierno habilitó a civiles la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas símil fusil (prohibidas desde 1995) y modernizó el régimen general de credenciales de legítimo usuario.

Según el proyecto de derogación presentado por UxP, el paquete incluye además el Decreto 445/2025, que reemplazó la ANMaC por el RENAR. Los decretos exigen igualmente los requisitos de legítimo usuario; la autorización de semiautomáticas se otorga para actividades deportivas y otros fines lícitos.

Quince diputados de Unión por la Patria, encabezados por Eduardo Valdés, presentaron en noviembre de 2025 un proyecto para derogar los decretos 397, 409 y 445 de 2025 que flexibilizaron el acceso a armas.

Firmantes: Valdés, Tolosa Paz, Pokoik, Cafiero, Aguirre, Gollán, Litza, Monzón, Alianello, Sand, Romero, Alí, Todero, Yutrovic y Aveiro. Sin votación en el recinto.

No se halló una fuente verificable sobre la posición de los gobernadores o legisladores de Provincias Unidas frente a la flexibilización de la tenencia de armas de 2025.

Búsqueda limitada por el agotamiento del cupo de búsquedas web; se revisaron Infobae, Perfil y Parlamentario.com sin resultados para este espacio.

No se halló una declaración de Macri o de la conducción del PRO ni un voto del bloque sobre los decretos de 2025 que flexibilizaron la tenencia de armas.

El bloque PRO acompañó en octubre de 2024 la media sanción de la ley de regularización de armas no registradas (hoy Ley 27.805), pero esa norma es una amnistía registral y no modifica los requisitos de acceso, por lo que no se usa para codificar esta proposición.

No se halló una fuente verificable con la posición del FIT-U sobre los decretos de 2025 que flexibilizaron la tenencia de armas.

Búsqueda limitada por el agotamiento del cupo de búsquedas web; las búsquedas internas en Parlamentario.com no arrojaron reacciones de legisladores del FIT-U a los decretos 397/2025 y 409/2025.

El Ministerio de Seguridad dictó la Resolución 943/2023 (protocolo antipiquetes), que ordena a las fuerzas federales despejar los cortes de vías de circulación por tratarse de delitos en flagrancia, sin requerir orden judicial; el Gobierno apeló su anulación judicial en diciembre de 2025 y lo mantiene vigente.

La Resolución 943/2023 se publicó en el Boletín Oficial el 15/12/2023 (fuente primaria no accesible desde este entorno; descripción tomada del CELS, que la impugnó judicialmente). El juez Martín Cormick la declaró nula el 29/12/2025 y la Cámara suspendió ese fallo; la cita de Infobae 29/12 es de la ministra Alejandra Monteoliva.

El gobierno bonaerense de Kicillof nunca aplicó el protocolo y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, lo criticó por reprimir la protesta.

No se halló en esta búsqueda una declaración directa de Kicillof, Cristina Kirchner, Massa o Grabois sobre la Resolución 943/2023; se toma la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires (Kicillof) expresada por su ministro de Seguridad. Sin votación en el Congreso.

No se halló una fuente verificable sobre la posición de los gobernadores o bloques de Provincias Unidas frente al protocolo antipiquetes nacional.

Búsqueda limitada por el agotamiento del cupo de búsquedas web; Parlamentario.com, Perfil e Infobae no arrojaron declaraciones de Pullaro, Llaryora, Torres, Schiaretti ni de los bloques del espacio sobre la Resolución 943/2023.

Jorge Macri (PRO), jefe de Gobierno porteño, respaldó el protocolo de Bullrich y reivindica haber terminado con los cortes y acampes en la Ciudad mediante la acción de la Policía de la Ciudad junto a las fuerzas federales.

No se halló una declaración de Mauricio Macri sobre la Resolución 943/2023 posterior a su dictado; la posición se toma de Jorge Macri como integrante de la conducción del PRO y titular de un gobierno que aplica el criterio. Sin votación en el Congreso.

Los diputados del FIT-U (Bregman, Del Caño, Del Plá, Castillo, Vilca) rechazaron el protocolo como ilegal y convocaron una audiencia pública en Diputados contra la medida.

La cita corresponde a Myriam Bregman. Sin votación en el Congreso sobre la Resolución 943/2023.

No se halló una declaración o acto verificado del Gobierno o del bloque LLA que se pronuncie específicamente sobre despenalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.

Como contexto, Bullrich anunció el 13/2/2025 la baja de los permisos del REPROCANN (cannabis medicinal) y el proyecto de Código Penal del Ejecutivo (12/2025) sólo menciona el tráfico de estupefacientes; ninguna de esas fuentes trata la tenencia para consumo personal, por lo que no se infiere posición.

Un grupo de diputadas y diputados del espacio (Frente de Todos, hoy FP) presentó en 2022 un proyecto para modificar la Ley 23.737 y despenalizar el consumo personal; en 2026 el diputado José Glinski (UxP) sostuvo en comisión que la tenencia simple no debe ser un asunto penal.

Se trata de la posición de un sector (proyecto de Gaillard con Macha, Osuna, Caliva, Martínez, Yutrovic, López, Hagman, Caparrós, Masin y Brawer), no del bloque: UxP/FP nunca votó ni fijó posición orgánica sobre la despenalización, y no se hallaron declaraciones de Kicillof, Cristina Kirchner, Massa o Grabois. Confianza baja por representatividad, no por falta de verificación.

No se halló una fuente verificable con la posición de los gobernadores o bloques de Provincias Unidas sobre la despenalización de la tenencia para consumo personal.

El proyecto de Gisela Scaglia (PU) debatido en 2026 trata la desfederalización de los delitos de menudeo y tenencia, no su despenalización, por lo que no se usa para codificar.

No se halló una declaración de Macri o de la conducción del PRO posterior a 2021 sobre la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal.

Antecedentes no usados por antigüedad o ambigüedad: el bloque PRO rechazó la despenalización tras el fallo Arriola (2009); Macri no descartó legalizar la marihuana en 2016; María Eugenia Vidal se manifestó en contra de la legalización en 2021.

Nicolás del Caño y Myriam Bregman (FIT-U) presentaron en mayo de 2026 un proyecto de legalización integral del cannabis, con autocultivo para consumo personal fuera del control estatal y amnistía para procesados y condenados por tenencia y consumo.

El proyecto va más allá de la proposición (legalización de producción y venta), pero incluye la despenalización de la tenencia y el consumo personal. Sin votación.

Diputados de LLA presentaron en febrero de 2024 un proyecto para derogar la ley 27.610 y en marzo de 2026 un grupo del bloque firmó un acta de compromiso para insistir; el Presidente critica públicamente la legalización, pero el Ejecutivo no envió proyecto y afirma que la derogación no está en su agenda.

Se codifica a favor de la derogación con base en los proyectos y compromisos de legisladores del bloque (Bonacci en 2024; Pauli, Santurio, Guzmán, Torres, Humenuk, Becerra, González Estevarena, Andreussi, Vera, Rodríguez y Zapata en 2026) y en las declaraciones del Presidente contra la ley. No hay acto formal del Ejecutivo: el Gobierno sostiene que la derogación no está en su agenda y que no hay consensos sociales para intentarla.

El Frente de Todos aportó la mayoría de los votos que sancionaron la ley 27.610 en diciembre de 2020 (82 a favor y 32 en contra en Diputados) y sus referentes legislativos rechazan derogarla.

El espacio no es homogéneo: 32 diputados del bloque votaron en contra de la ley en 2020. Se codifica como posición formal la que sostuvo la mayoría del bloque (82 votos) y que sus referentes (Cecilia Moreau, Mónica Macha, Carolina Gaillard) mantuvieron frente al proyecto de derogación de 2024.

Sin posición única: en 2020 los diputados de Córdoba Federal (que responden a Schiaretti), los de Consenso Federal e Ignacio Torres votaron contra la legalización, mientras que legisladores de Encuentro Federal como Esteban Paulón rechazan cualquier derogación.

Votar contra la legalización en 2020 no equivale a impulsar la derogación: no se halló que ningún gobernador del espacio (Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir, Valdés, Vidal, Schiaretti) promueva derogar la ley 27.610, ni una posición del bloque Provincias Unidas. Paulón (Partido Socialista, bloque Encuentro Federal) rechazó expresamente el proyecto de LLA de 2024.

PRO vota con libertad de conciencia: en 2020 su bloque se dividió (11 a favor, 42 en contra y 1 abstención en Diputados) y, frente al proyecto libertario de derogación de 2024, Silvia Lospennato lo rechazó mientras el partido no fijó posición.

En 2020 Ritondo, Álvaro González, Torres y Francisco Sánchez votaron en contra de la ley y Lospennato a favor. Según Urgente24 (30/3/2026), el diputado del PRO Francisco Sánchez presentó en abril de 2023 un proyecto de derogación; la cita de Lospennato de 2024 es su respuesta ('No', con pulgar hacia abajo) al proyecto de LLA. No se halló un pronunciamiento reciente de Mauricio Macri ni de la conducción partidaria sobre derogar la ley.

El FIT votó a favor de la legalización en 2020 (sus 2 diputados) y rechaza la derogación.

La cita de 2024 es de Myriam Bregman; Romina Del Plá se expresó en el mismo sentido.

El DNU 62/2025 sustituyó el art. 11 de la Ley de Identidad de Género (26.743) y prohibió que los menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de modificación de género.

Publicado en el Boletín Oficial el 6/2/2025, junto con el Decreto 61/2025 (traslados carcelarios). La ficha de InfoLeg (verNorma.do?id=409265) consigna que el decreto fue suspendido cautelarmente por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal el 16/7/2026.

Diputadas de Unión por la Patria (Vanesa Siley y Mónica Macha) presentaron un proyecto para declarar la nulidad absoluta del DNU 62/2025, y la diputada Hilda Aguirre (UxP) cofirmó el proyecto de anulación presentado por el FIT-U.

No hubo votación en el recinto. Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, convocó además una reunión informativa crítica del decreto el 11/2/2025. No se halló una declaración directa de Kicillof, Cristina Fernández, Massa o Grabois sobre este punto.

No se encontró una posición de los gobernadores ni del bloque Provincias Unidas sobre la prohibición; sólo críticas de diputados de Encuentro Federal (Margarita Stolbizer, Esteban Paulón) al discurso de Milei en Davos y al aval de Macri a la medida.

Evidencia parcial: dos diputados de un bloque asociado al espacio se expresaron en contra, pero no se hallaron pronunciamientos de Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir, Valdés, Vidal o Schiaretti ni una posición del bloque, por lo que no se codifica.

Mauricio Macri avaló públicamente la prohibición el 7/2/2025, citando los riesgos de los bloqueadores de pubertad y las hormonas cruzadas en menores, y la vicejefa de Gobierno porteña Clara Muzzio (PRO) defendió el decreto en 2026.

Sin votación del bloque. Se codifica por las declaraciones del presidente del partido (publicación en X citando el Informe Cass del Reino Unido) y de una funcionaria del PRO porteño.

Los cinco diputados del FIT-U (Biasi, Schlotthauer, Castillo, del Caño y Vilca) presentaron el 10/2/2025 un proyecto de ley para anular los decretos 61/2025 y 62/2025.

El proyecto lleva también la firma de Hilda Aguirre (Unión por la Patria). No hubo votación en el recinto.

El Poder Ejecutivo envió al Senado en abril de 2026 una reforma electoral que elimina las PASO; en 2025 el bloque votó en pleno la suspensión para ese año.

El proyecto de eliminación ingresó al Senado el 22/4/2026 y hasta octubre de 2026 no tenía dictamen; el Gobierno admite que aceptaría una nueva suspensión sólo para 2027 si no reúne los votos para eliminarlas. En 2025 el Ejecutivo también había pedido eliminarlas y el Congreso aprobó únicamente la suspensión para ese año (Diputados 6/2/2025, 162-55-28; Senado 20/2/2025, 43-20-6), con voto unánime de LLA en ambas cámaras.

La conducción de Fuerza Patria (Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, Mayans) ratificó en 2026 la defensa de las PASO y trabaja para bloquear su eliminación en el Senado.

La posición actual (2026) es contraria a eliminarlas y se expresa en declaraciones, porque el proyecto de eliminación todavía no se votó. En febrero de 2025, frente a la suspensión sólo para ese año, el bloque UxP votó dividido: en Diputados 43 en contra y 24 abstenciones sobre 98 (Germán Martínez reconoció que el bloque 'no tiene una posición unificada'); en el Senado 11 a favor, 15 en contra y 6 abstenciones.

La mayoría de los gobernadores de Provincias Unidas acepta suspender o reformar las PASO, pero rechaza eliminarlas; sus legisladores votaron la suspensión de 2025.

Espacio heterogéneo. Pullaro y Llaryora (abril 2026) proponen mejorar las PASO o volverlas no obligatorias; Sadir (octubre 2026) acepta suspenderlas 'pero no eliminarla'; Pullaro respalda una nueva suspensión para 2027; Juan Pablo Valdés dijo que eliminarlas 'no sería descabellado'. En febrero de 2025 sus legisladores votaron a favor de la suspensión para ese año (Encuentro Federal 11-4-1, Innovación Federal 8-0; en el Senado el bloque Provincias Unidas votó a favor con Alejandra Vigo como miembro informante). Se codifica la posición mayoritaria frente a la eliminación, no frente a la suspensión.

Macri y la conducción del PRO rechazan eliminar las PASO (aceptan a lo sumo suspenderlas o volverlas optativas), aunque el bloque votó la suspensión de 2025.

La cita de Ámbito corresponde a Martín Goerling Lara, jefe del bloque PRO en el Senado. En febrero de 2025 el PRO votó a favor de la suspensión para ese año (36 de 37 diputados; todos sus senadores). Frente al proyecto de eliminación de 2026 la conducción partidaria se pronunció en contra, con matices internos: Ritondo admitió en julio de 2026 que el bloque aún no tenía una posición acordada.

El FIT-U votó en contra incluso de la suspensión de 2025 y rechaza la eliminación de las PASO propuesta en la reforma electoral de 2026.

El voto registrado (6/2/2025, 5 negativos sobre 5) fue sobre la suspensión para 2025, no sobre la eliminación; se toma como acto formal porque rechaza incluso la versión acotada de la propuesta. La cita de 2026 es de Myriam Bregman, en un medio partidario, sobre el proyecto de eliminación.

LLA votó en pleno a favor de Ficha Limpia en Diputados y en el Senado en 2025 y volvió a incluirla en la reforma electoral enviada en 2026.

La cita de Infobae (2025) es del senador Bruno Olivera Lucero (LLA). El proyecto de 2025 (media sanción 12/2/2025, 144-98-2; rechazo en el Senado 7/5/2025 por 36 a 35, faltó un voto para la mayoría absoluta) había sido impulsado por el Ejecutivo. Tras el rechazo, La Nación publicó que el exgobernador misionero Carlos Rovira admitió ante colaboradores haber ordenado el voto negativo de sus senadores a pedido del Presidente; Milei lo negó. En abril de 2026 el Ejecutivo reenvió Ficha Limpia dentro de la reforma electoral (condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos), sin votación hasta octubre de 2026.

Unión por la Patria votó en contra de Ficha Limpia en Diputados (92 votos) y en el Senado, y calificó el proyecto como una proscripción.

La cita de La Nación es de la diputada Agustina Propato (UxP); la de Infobae, de la senadora Florencia López (UxP). El bloque sostuvo que el proyecto apuntaba a inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner.

Los legisladores de Provincias Unidas votaron mayoritariamente a favor en ambas cámaras; la excepción decisiva fueron los dos senadores misioneros de Innovación Federal, que votaron en contra.

En Diputados (12/2/2025) Encuentro Federal votó 11 a favor con 2 abstenciones (Miguel Pichetto y Nicolás Massot) e Innovación Federal 8 a favor. En el Senado (7/5/2025) el bloque Provincias Unidas votó a favor y Alejandra Vigo (Córdoba) denunció un acuerdo del Gobierno con Misiones; los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Innovación Federal, Frente Renovador de la Concordia) votaron en contra y su voto definió el rechazo por 36 a 35. Se codifica la posición mayoritaria.

El PRO votó en pleno a favor de Ficha Limpia en Diputados (37 de 37) y en el Senado, y fue uno de los principales impulsores del proyecto.

La cita de Infobae es de la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO). En el Senado el bloque PRO votó completo a favor.

Los cinco diputados del FIT-U votaron en contra de Ficha Limpia, a la que consideran un mecanismo de proscripción que transfiere al Poder Judicial la definición de las candidaturas.

La cita de La Nación es de Nicolás del Caño, quien propuso llamar al proyecto 'ficha sucia'. En 2026 el espacio reiteró su rechazo a la inclusión de Ficha Limpia en la reforma electoral del Gobierno. El FIT-U no tiene senadores.

LLA votó en contra de la reforma de la Ley 26.122 en el Senado y en Diputados, logró voltear el artículo del plazo de 90 días y el Presidente anticipó que vetaría la ley.

El artículo 3 del proyecto (aprobación expresa de ambas cámaras en 90 días, bajo pena de caducidad) es exactamente lo que plantea la proposición; en Diputados (8/10/2025) LLA votó en contra en general (140-80-17) y en particular, y celebró su caída ('Sirvió la rosca'). El Senado preparó en noviembre de 2025 la insistencia con el texto original; no pude verificar si esa insistencia se votó, si hubo sanción y veto, ni el estado del trámite en 2026.

Unión por la Patria votó a favor de la reforma de la Ley 26.122, incluido el artículo que hace caducar los DNU no aprobados por ambas cámaras en 90 días, en el Senado y en Diputados.

La cita de Ámbito es de la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP). En Diputados el bloque votó a favor en general (8/10/2025) y sostuvo el voto afirmativo en el artículo 3. En noviembre de 2025 el bloque en el Senado impulsó la insistencia con la redacción original.

Los legisladores de Provincias Unidas se repartieron entre el voto afirmativo (Encuentro Federal, Vigo, Espínola) y la abstención o el voto negativo (Innovación Federal, diputados de Pullaro y Torres) en el artículo del plazo de 90 días.

En el Senado (4/9/2025) Vigo y Espínola votaron a favor y los dos senadores misioneros de Innovación Federal se abstuvieron. En Diputados (8/10/2025) Pichetto, Stolbizer, Massot, Monzó y los diputados cordobeses de Llaryora votaron a favor; los 8 de Innovación Federal se abstuvieron; Jorge Ávila (Chubut, Torres) y Melina Giorgi (Santa Fe, Pullaro) pasaron a votar en contra el artículo 3, que cayó por dos votos. No hay una posición mayoritaria clara del espacio sobre el plazo fijo de caducidad.

El bloque PRO de Diputados votó en contra de la reforma y, en particular, del artículo que hace caducar los DNU en 90 días; sus senadores habían votado a favor un mes antes.

Posición cambiante entre cámaras: en el Senado (4/9/2025) los senadores del PRO votaron a favor, salvo Carmen Álvarez Rivero. En Diputados (8/10/2025) el bloque votó 31 en contra, 3 abstenciones y 4 a favor en general, y en el artículo 3 (plazo de 90 días y aprobación de ambas cámaras) los diputados que habían votado a favor o se habían abstenido pasaron al voto negativo, lo que contribuyó a su rechazo por dos votos. Se codifica el acto formal más reciente y específico sobre la proposición.

Los cinco diputados del FIT-U votaron a favor de la reforma de la Ley 26.122 en general y sostuvieron el voto en el artículo del plazo de 90 días.

Ninguno de los diputados del FIT-U figura entre los que cambiaron su voto entre la votación en general y la del artículo 3 (8/10/2025). El FIT-U no tiene senadores.

El Presidente designó por el Decreto 137/2025, 'en comisión', a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, invocando que el Senado no se había pronunciado sobre los pliegos.

Decreto 137/2025 del 25/2/2025 (publicado el 26/2/2025); los pliegos habían sido enviados el 20/3/2024 sin que el Senado los votara. La segunda cita es del senador Juan Carlos Pagotto (LLA) en la sesión del 3/4/2025, en la que el Senado rechazó ambos pliegos (Lijo 27-43-1; García-Mansilla 20-51). García-Mansilla había jurado el 27/2/2025 y renunció días después del rechazo; Lijo nunca asumió porque la Corte le negó la licencia como juez federal. No pude abrir el texto del decreto en el Boletín Oficial ni en InfoLeg.

El bloque de senadores de Unión por la Patria calificó la designación por decreto en comisión de 'manifiestamente inconstitucional' y sostuvo que sin acuerdo del Senado no hay juez de la Corte.

Se codifica por declaraciones porque no hubo votación sobre el mecanismo en sí. El 3/4/2025 el bloque votó en contra del pliego de García-Mansilla, quien ocupaba el cargo por el decreto, pero 10 senadores de UxP (santiagueños, tucumanos, Uñac, González) votaron a favor del pliego de Lijo; esas votaciones fueron sobre los candidatos, no sobre la facultad de designar por decreto.

Referentes de Provincias Unidas (Alejandra Vigo, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot) rechazaron la designación de jueces de la Corte por decreto como un atropello institucional.

Vigo (Córdoba, bloque Provincias Unidas) votó en contra de ambos pliegos el 3/4/2025. Otros senadores vinculados al espacio votaron a favor del pliego de Lijo (Carlos Espínola; los misioneros Arce y Rojas Decut de Innovación Federal; los santacruceños Carambia y Gadano), aunque esas votaciones fueron sobre el candidato y no sobre el mecanismo. No encontré declaraciones de los gobernadores Pullaro, Llaryora o Torres sobre la designación por decreto.

Los senadores del PRO cuestionaron la designación por decreto en lugar de buscar acuerdos y votaron en contra de ambos pliegos; Macri había calificado de error la nominación de Lijo.

La primera cita es del senador Alfredo De Ángeli (PRO) en la sesión del 3/4/2025, en la que también recogió la crítica de Macri de que el Presidente 'está mal asesorado'. No encontré una declaración directa de Mauricio Macri sobre la facultad de designar por decreto en 2025. Antecedente: en diciembre de 2015 el gobierno de Macri designó en comisión por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que luego asumieron con acuerdo del Senado; Massot (entonces PRO) lo calificó en 2025 como un error.

El FIT-U rechazó la designación de jueces de la Corte por decreto, exigió la caída del decreto y pidió el juicio político del Presidente.

La cita es de la diputada Vanina Biasi (FIT-U, Partido Obrero), quien reclamó 'que caiga este decreto' y 'juicio político ya'. El FIT-U no tiene senadores y no participó de la votación de los pliegos. No pude abrir declaraciones de Bregman, Del Caño o Castillo específicas sobre el decreto 137/2025.

El Gobierno de Milei declinó por carta formal a los jefes de Estado del BRICS la invitación a ingresar como miembro pleno (diciembre de 2023) y en 2024 ratificó que la Argentina no ingresará.

La carta del 29/12/2023, firmada por el Presidente y dirigida a los mandatarios de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un acto formal de política exterior del Ejecutivo; por eso se codifica -2 aunque no sea decreto ni voto. En octubre de 2024 la canciller Mondino deslizó que podría estudiarse y horas después rectificó que la Argentina no ingresará.

El gobierno de Alberto Fernández (Unión por la Patria) aceptó formalmente la invitación a ingresar al BRICS en agosto de 2023; Axel Kicillof calificó en 2024 de bochornosa la decisión de no ingresar y reafirmó la vocación de incorporarse.

La aceptación de la invitación (agosto de 2023) fue un acto formal de política exterior del gobierno de Unión por la Patria, antecedente directo de Fuerza Patria; se codifica con el mismo criterio que la carta de Milei declinando el ingreso. No hubo voto del bloque ni mención del BRICS en la plataforma electoral 2023. No se encontraron declaraciones posteriores de Cristina Fernández de Kirchner ni de Sergio Massa sobre el tema.

No hay una posición verificable del espacio: solo Juan Schiaretti se pronunció, en forma favorable, en 2023; no se hallaron declaraciones de los demás gobernadores.

Schiaretti, entonces candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, consideró bueno el ingreso si implicaba financiamiento y cooperación. Pullaro, Torres y Valdés integraban en 2023 Juntos por el Cambio, cuya conducción rechazó el ingreso, pero no se encontraron declaraciones propias de ellos ni de Llaryora, Sadir o Vidal sobre el BRICS. Con un solo referente de siete y sin votación, se prefiere sin_dato a atribuir una posición al espacio.

Mauricio Macri y la candidata presidencial del PRO en 2023, Patricia Bullrich, rechazaron el ingreso de la Argentina al BRICS; no hubo votación.

Bullrich era en agosto de 2023 la candidata presidencial del PRO/Juntos por el Cambio; en 2025 pasó a La Libertad Avanza. La posición del PRO se sostiene principalmente en Macri, presidente del partido. No se halló un pronunciamiento posterior de la conducción del PRO que modifique esta posición.

No se halló una declaración de referentes del FIT a favor o en contra del ingreso: Bregman solo exigió explicaciones al Gobierno, y los medios partidarios publicaron análisis críticos del bloque sin pronunciarse como fuerza sobre el enunciado.

Los análisis de La Izquierda Diario y Prensa Obrera rechazan al BRICS como alternativa al FMI y a Estados Unidos, lo que sugiere una posición contraria al ingreso, pero son columnas de analistas partidarios y no declaraciones de Bregman, Del Caño, Castillo, Del Plá o Solano. Se prefiere sin_dato a inferir.

El Gobierno reclamó en las cumbres del Mercosur reformar las reglas del bloque para que cada país pueda negociar acuerdos por su cuenta y firmó en febrero de 2026 un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos negociado por fuera del Mercosur.

Se codifica como acto formal por la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos (5/2/2026), con rebajas arancelarias argentinas negociadas bilateralmente, y por la propuesta argentina en la cumbre de Montevideo (diciembre de 2024) de reformar las normas del bloque para permitir negociaciones por país. Al cierre de esta codificación el acuerdo con EE.UU. no había sido ratificado por el Congreso. En marzo de 2025 Milei dijo que estaría dispuesto a salir del Mercosur para firmar un acuerdo con EE.UU.

Referentes de Fuerza Patria rechazaron el acuerdo bilateral con Estados Unidos por negociarse al margen del Mercosur y sostienen que los acuerdos comerciales deben discutirse en el bloque.

Jorge Taiana (ex canciller, primer candidato a diputado de Fuerza Patria en Buenos Aires en 2025) y Carlos Bianco (ministro de Gobierno de Kicillof, vocero de su gestión) se pronunciaron en noviembre de 2025. No hubo votación del bloque sobre el acuerdo con EE.UU. hasta la fecha de esta codificación.

No se halló una posición del espacio sobre negociar acuerdos por fuera del Mercosur: solo una defensa genérica del bloque por parte de Llaryora, sin pronunciarse sobre acuerdos bilaterales.

No se encontraron declaraciones de Pullaro, Torres, Schiaretti, Sadir, Valdés ni Vidal sobre la flexibilización del Mercosur o el acuerdo bilateral con Estados Unidos, ni votaciones del bloque Provincias Unidas sobre ese acuerdo (no fue tratado en el recinto al cierre de esta codificación).

Macri impulsó como presidente (2019) y reclamó después (2022) flexibilizar el Mercosur para que cada socio pueda negociar acuerdos comerciales por su cuenta; diputados del PRO celebraron en 2026 el acuerdo bilateral con Estados Unidos.

La propuesta de flexibilización del gobierno de Macri (2019) fue un acto del Ejecutivo anterior al período computable para el PRO según las reglas de esta codificación, por lo que se toma como antecedente y se codifica con declaraciones (pos 1). La diputada citada es Daiana Fernández Molero (PRO).

El FIT rechaza los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en sí mismos; sus diputados calificaron el acuerdo bilateral con EE.UU. de entrega y sometimiento.

El FIT no discute la regla de negociar en bloque sino los tratados de libre comercio con potencias, negociados en bloque o por separado (también rechaza el acuerdo Mercosur-UE). Se codifica en contra del enunciado porque rechaza el acuerdo bilateral con EE.UU., que es su aplicación concreta. Romina Del Plá (FIT) votó en contra del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes vinculado a ese acuerdo (27/8/2026).

El Poder Ejecutivo envió en diciembre de 2025 el proyecto de reforma de la Ley 26.639 y los bloques de LLA lo votaron en pleno en el Senado (febrero de 2026) y en Diputados (abril de 2026), donde se sancionó.

Senado, 26/2/2026: 40 a favor, 31 en contra, 1 abstención; los 21 senadores de LLA votaron a favor. Diputados, 9/4/2026: 137 a favor, 111 en contra, 3 abstenciones; los 94 diputados de LLA votaron a favor. La reforma transfiere a las provincias la determinación de qué áreas periglaciares cumplen función hídrica relevante y elimina la prohibición absoluta de minería en el ambiente periglacial. El Senado también aprobó el acuerdo Mercosur-UE en la misma sesión (acta 2657 para glaciares en senado.gob.ar, no legible en este entorno).

El bloque de Unión por la Patria/Fuerza Patria votó en contra de la reforma en el Senado (23 a 2) y en Diputados (90 a 2); sus referentes la calificaron de habilitación de la minería en glaciares.

Disidencias de legisladores de provincias mineras: en el Senado votaron a favor Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan); en Diputados, Cristian Andino y Jorge Chica (San Juan). El título 'con votos del PJ' alude además a senadores peronistas de bloques provinciales ajenos a UxP (Convicción Federal). La cita corresponde a Juan Grabois en el recinto.

El espacio votó dividido: el bloque Provincias Unidas en Diputados votó mayoritariamente en contra (11 a 5-6), pero Innovación Federal y diputados que responden a Pullaro, Torres y Sadir votaron a favor; en el Senado, Espínola a favor y Vigo en contra.

Diputados (9/4/2026), bloque Provincias Unidas: en contra Schiaretti, Juliano, Lousteau, Paulón, Basualdo, Brugge, Gutiérrez (Córdoba, responden a Llaryora y Schiaretti), Arrieta, Farías, Coletta y Zigarán; a favor Scaglia y Núñez (Santa Fe, responden a Pullaro), Alejandra Torres (Córdoba), Rizzotti (Jujuy, Sadir), Capozzi y, según Infobae, Jorge Ávila (Chubut, Torres). Innovación Federal (8 diputados de Salta, Misiones y San Luis) votó a favor; Pichetto (Encuentro Federal) en contra. Senado (26/2/2026): Espínola (Corrientes) a favor, Vigo (Córdoba) en contra. El gobernador Sadir (Jujuy, Mesa del Litio) impulsó la reforma. No se hallaron declaraciones públicas de Pullaro, Llaryora, Torres ni Vidal sobre la ley.

Los 11 diputados del PRO votaron a favor de la reforma en la sanción definitiva (abril de 2026); en el Senado los tres senadores del PRO se habían dividido (uno a favor, dos en contra).

Diputados (9/4/2026): a favor Ritondo, De Andreis, De Sensi, Fernández Molero, Giampieri, González, Bianchetti, Yeza, Ardohain, Sánchez Wrba y Fregonese (bloque completo). Senado (26/2/2026): Goerling (Misiones) a favor; Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) en contra, atribuible al origen provincial. Se codifica la votación más reciente y numerosa. No se halló una declaración de Macri sobre la reforma.

El bloque del Frente de Izquierda votó en contra de la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados (abril de 2026).

Las tres crónicas consignan el voto negativo en bloque del FIT. El FIT no tiene senadores, por lo que no participó de la votación del Senado.

El Gobierno aprobó por DNU 179/2025 un nuevo programa con el FMI y el bloque de LLA lo convalidó en Diputados; mantiene el pago de la deuda y descarta suspender pagos.

Diputados, 19/3/2025: 129 a favor, 108 en contra, 6 abstenciones. La cita es de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque LLA. Como diputado, Milei votó en contra del acuerdo con el FMI de 2022 por discrepancias con su contenido, no por una postura de suspensión de pagos; como presidente firmó el acuerdo de 2025. No se pudo abrir el texto del DNU en Boletín Oficial/InfoLeg desde este entorno.

El bloque del Frente de Todos votó mayoritariamente a favor del acuerdo de refinanciación con el FMI de 2022 (con 28 votos en contra y 13 abstenciones); en 2025 rechazó el nuevo acuerdo por DNU por su forma y contenido, sin proponer suspender los pagos.

La disidencia de 2022 (Máximo Kirchner, La Cámpora y Patria Grande) cuestionó las condiciones del acuerdo; ninguno de los dos sectores propuso suspender los pagos para investigar la deuda, aunque el gobierno de Alberto Fernández impulsó una denuncia penal por el préstamo de 2018 mientras seguía pagando. El voto negativo de 2025 (cita de Vanesa Siley) fue contra un nuevo endeudamiento aprobado sin conocer su contenido. La división de 2022 fue significativa pero no versó sobre el enunciado, por lo que no se codifica como dividido. No se verificó la posición individual de Juan Grabois.

Innovación Federal y Miguel Pichetto (Encuentro Federal) votaron a favor del DNU 179/2025 que aprobó el nuevo acuerdo con el FMI; otros diputados del espacio votaron en contra o se abstuvieron por el método, no para suspender pagos.

La cita 'raya la ilegitimidad' es de Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien votó en contra del DNU cuestionando el procedimiento; Pichetto votó a favor y pidió mesura; Monzó y Randazzo se abstuvieron; Innovación Federal acompañó. Ningún legislador ni gobernador del espacio propuso suspender los pagos o investigar la legitimidad de la deuda, por lo que la división sobre el DNU no equivale a división sobre el enunciado. El bloque Provincias Unidas se constituyó en diciembre de 2025, después de esta votación.

El PRO votó a favor del acuerdo con el FMI de 2022 (como parte de Juntos por el Cambio) y del DNU 179/2025 que aprobó el nuevo acuerdo; sostiene el pago de la deuda.

La cita de 2025 es de Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO. En 2022 cuatro diputados del PRO se ausentaron de la votación; el resto del interbloque votó a favor del acuerdo. El préstamo con el FMI de 2018 fue tomado por el gobierno de Macri.

El FIT propone el no pago de la deuda que considera ilegítima y la ruptura con el FMI; su plataforma 2023 planteó el cese del pago y diputados del frente presentaron un proyecto para suspender todos los pagos.

La posición del FIT es más amplia que el enunciado: no pago de una deuda que considera ilegítima y fraudulenta, y ruptura con el FMI, sin condicionarlo a una investigación previa; es compatible con suspender los pagos. El proyecto 4175-D-2021 es de los diputados Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista, FIT-U). El bloque votó en contra del acuerdo con el FMI de 2022 y del DNU 179/2025. El PDF de la plataforma 2023 en electoral.gob.ar es una imagen sin texto legible; la cita de la plataforma proviene de la crónica de CNN.